domingo, 17 de junio de 2007

Taino´t

(sábado, 14 de abril de 2007) Escrito por Administrator
Probablemente, en cada uno de los ayuntamientos que recientemente se han visto afectados por escándalos urbanísticos existen expedientes administrativos relacionados con tales escándalos, que se han creado de manera correcta, pero que, no obstante, no reflejan correctamente lo que sucedió. Es decir, estos documentos son resultado del procedimiento administrativo, pero no son auténticos, porque no son lo que dicen ser; tampoco son fiables, porque no representan de manera precisa lo que sucedió; es probable que no sean íntegros o que hayan sido alterados de un modo u otro para describir una realidad administrativa no coincidente con la realidad del presunto delito; por último, aunque están disponibles y son utilizables, no muestran la actividad que los produjo, o muestran una actividad que no es la que tuvo lugar. En definitiva, cabe imaginar de manera legítima que al menos algunos de los expedientes administrativos generados en estos ayuntamientos no son buenos documentos de archivo, en la medida en que no comportan evidencia.
Por supuesto, esta situación no es generalizada: la mayor parte de los documentos, sin duda, se producen, gestionan y conservan con la mayor corrección; pero si se ha faltado a la responsabilidad una vez puede volver a faltarse. De hecho, esto es bastante habitual en el curso de la historia de los archivos: documentos de falsas transacciones adquirían autenticidad simplemente por el hecho de ser aceptados en el Tabularium de la antigua Roma (Duranti); y el papado justificó su poder temporal apelando al falso documento de la Donación de Constantino (MacNeil, Iacovino). El que se puedan producir tales brechas en la responsabilidad hace pensar acerca del desairado rol del archivero, excluído o auto-excluído, dependiendo de las tradiciones, de la tarea de velar por la producción de documentos fiables, aunque obligado a conservar los documentos, sean o no fiables, que otros producen sin atender a criterios archivísticos.
Si existen aquellos malos expedientes administrativos que mencionaba (no importa que sean pocos, uno solo ya sobra), probablemente se asemejan a esos zombies que pueblan las películas del género (o sub-género). Un zombi no es quien dice o aparenta ser; no es, a la vista de su comportamiento y de su falta de autenticidad, fiable; ni es íntegro, porque carece al menos de cerebro (en algunas de las manifestaciones más gore del género carece además de diversidad de miembros y partes del cuerpo); finalmente, no es utilizable, o es utilizable para fines perversos. Estas características de los zombies -falta de autenticidad, de fiabilidad, de integridad y de disponibilidad- se ponen de manifiesto, no tanto en las películas de George A. Romero y sus continuadores, sino, por ejemplo, en el clásico de Jacques Tourneur "Yo anduve con un zombi", film en el que de los muertos vivientes nunca es evidente su condición de muertos, ni que están sometidos a poderes malignos y externos a ellos.
De ser esta semejanza afortunada, me pregunto acerca del lugar de la profesión en nuestro país. En nuestra tradición no ha sido competencia del archivo velar por la autenticidad de los documentos que custodiaba, aunque siempre se ha reclamado su posición, por ejemplo, como templo de la memoria. Por supuesto, dar por sentado que la memoria es "algo que sucedió hace mucho tiempo" y asunto de historiadores es una conveniencia política útil; pero lo cierto es que memoria se deja también de lo que acaba de ocurrir (lejos de tener archiveros e historiadores la exclusiva sobre la memoria, profesionales como los psicólogos, por ejemplo, tendrían mucho que decir acerca de la memoria a corto/largo plazo, y de los mecanismos de recuerdo y olvido). Ya que no como guardianes de la evidencia, al menos sí en cuanto guardianes de la memoria, los archiveros debieran haberse implicado en el modo en que se crean los documentos, incluídos esos documentos que no se corresponden con la realidad. En nuestra tradición, se tiende a considerar que nuestra única obligación es para con las oficinas, pero tenemos, como cualquier otra profesión, una obligación igualmente vinculante para con la sociedad en general.
Por supuesto esta implicación no se puede producir a nivel individual, simplemente porque no se puede morder la mano que te da de comer, y también los archiveros tienen familias a las que alimentar, hipotecas que pagar, y todo ese tipo de circunstancias que limitan la capacidad de maniobra. Esta implicación debiera haberse producido a nivel gremial o profesional; sin embargo, el gremio ha olvidado una vez más su responsabilidad social. Sorprende que en los foros profesionales no se haya discutido de manera amplia y profunda para qué sirven los documentos administrativos en casos como los de la corrupción urbanística, ni qué tipos de documentos suplen a aquéllos a la hora de proporcionar evidencia.
El asunto es que la memoria de lo que realmente sucedió en esos casos de corrupción y escándalo, si es que se puede dejar un reflejo preciso de ello, no está siendo registrada, al menos en casos extremos, en expedientes administrativos, sino en los logs de los móviles, en los servidores de correo electrónico, en los mensajes de PDA; y está siendo gestionada como evidencia, además de, como es natural, por el poder judicial, por el cuarto poder independiente de la prensa, incluída la prensa del corazón, que sí ha asumido el rol de poner al descubierto, ya sea por motivos comerciales, ya sea por motivos éticos, o por una mezcla de ambos, brechas en la responsabilidad. Los archiveros, especialistas en gestionar documentos, estamos paradójicamente al margen.
Cuidamos amorosamente nuestros expedientes administrativos, zombis que no son lo que aparentan, que carecen de cerebro y que son utilizados maliciosamente por partes interesadas. Ignoramos que, lejos de estar bajo nuestro control, somos nosotros los que estamos en sus manos. Puede que no deseemos mantener documentos vivos, pero, si lo deseamos, debiéramos comenzar a plantear de manera seria la necesidad de asumir nuestra responsabilidad para con la sociedad, de participar activamente en la creación del documento, y de reclamar nuestro lugar, mayor o menor, como agentes de responsabilidad.
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