jueves, 28 de enero de 2010

Extinción del Archivo Histórico del AGN del Perú.


A continuación reproduzco los comentarios del Historiador José Valdizán Ayala, sobre la desincorporación del Archivo Histórico adscrito al Archivo General de la Nación del Perú, con base en el decreto emitido por el gobierno el 16 de enero del presente año, y que pasa al Instituto Nacional de Cultura. ¿Decisión correcta para la organización archivística?.
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José Valdizán Ayala

Historiador y ex Subjefe del AGN

Una de las instituciones tutelares del Patrimonio Cultural de la Nación es el Archivo General de la Nación, que fue creado por el Mariscal Ramón Castilla el 15 de mayo de 1861 con el nombre de Archivo Nacional, para acopiar y custodiar los documentos históricos pertenecientes a las antiguas instituciones gubernamentales de la época colonial, así como de documentos y crónicas pertenecientes a la diferentes órdenes religiosas y establecimientos públicos que por entonces se conservaban en el Convento de San Agustín. Su creación marcó un hito importante en la preservación de la memoria colectiva de la Nación.

Su primer director ad honorem fue don Santiago Távara y Andrade, médico y héroe de la Independencia Nacional, quien con un archivero y cuatro amanuenses, inicio la historia del primer repositorio documental del país. Luego de los primeros años de funcionamiento el Archivo fue devastado y saqueado por las tropas invasoras durante la guerra con Chile. Sin personal ni presupuesto se alojó precariamente en las instalaciones de la antigua Biblioteca Nacional dirigida por don Ricardo Palma, quien consultó los valiosos manuscritos históricos que en él se conservaban para su investigación sobre las tradiciones peruanas.

A inicios de década de 1940 el Archivo Nacional se trasladó a las instalaciones del Palacio de Justicia de Lima donde se conservan hoy cerca de 28 mil metros lineales de documentos no sólo de la Colonia sino también de la República. Allí se organizan el protocolo ambulante de los conquistadores o “libro becerro”, los expedientes de la Real Audiencia de Lima, los archivos del ex Ministerio de Hacienda y Comercio, las escrituras públicas, las partidas de registro de nacimiento, de matrimonio y de defunción, los registro de inmigrantes, los archivos de la ex haciendas expropiadas por la Reforma Agraria, entre otros fondos documentales de las instituciones públicas que son únicos e irremplazables.

Al cierre del Ministerio de Justicia durante el régimen militar de Velasco Alvarado el Archivo Nacional pasó a depender del Instituto Nacional de Cultura y es precisamente durante esa dependencia que cambió de denominación por Archivo General de la Nación a través del Decreto Ley N° 19268 del 11 de enero de 1972. Sin embargo, el acto más trascendente en la historia del AGN fue la promulgación del Decreto Ley N° 19414 del 26 de mayo del mismo año en el que se declara de utilidad pública la defensa, conservación e incremento del Patrimonio Documental existente en el país y que por razón de su procedencia o de su interés constituye Patrimonio Nacional que el AGN está obligado a proteger.

Desde entonces el AGN ha calificado como Patrimonio Documental de la Nación a toda la documentación existente en los archivos de todas las reparticiones y organismos del Sector Público Nacional; en los archivos históricos, notariales, eclesiásticos, parroquiales y de conventos, en los archivos particulares y en general a todo el material documental, aun de origen privado, que sirva de fuente de información para estudios históricos y de desarrollo cultural, social, económico, jurídico o religioso de la Nación.

Fue, sin duda, la más moderna legislación archivística acorde con los lineamientos promovidos por esos años por la Unesco. No obstante la legislación fue letra muerta, pues el AGN no contó con la autonomía administrativa, la organización, el personal, presupuesto ni la infraestructura para cumplir con tan avanzada ley de protección del patrimonio cultural.

Don Guillermo Durand Flórez fue uno de sus más notables directores que logró que en junio de 1981 de vuelta a la democracia al aprobarse la nueva Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, el Archivo General de la Nación se reintegrase a dicho sector y convirtiese en Organismo Público Descentralizado. Fue entonces que se inició su gran transformación: se establecieron las bases del Sistema Nacional de Archivos con la creación de las Direcciones Generales de Archivo Histórico y Archivo Intermedio (dedicado éste último a la custodia de los archivos de la Administración Pública) y los Archivos Departamentales; para formar al personal se creó el Centro de Capacitación transformado luego en Escuela Nacional de Archiveros donde egresaron cuadros de profesionales y técnicos que se desempeñan hasta hoy en el sector público y privado. Muchos de sus funcionarios fueron becados para especializarse en Madrid, Sevilla, Alcalá de Henares y Córdoba (Argentina), gracias a la cooperación del Ministerio de Cultura de España y la OEA.

El Archivo Histórico y el Archivo Intermedio, dos partes de un mismo cuerpo, reorganizaron sus fondos documentales de acuerdo con los principios archivísticos modernos. Pronto se publicaron los nuevos inventarios y catálogos y una nueva revista institucional. Se realizó el primer censo de archivos de la Administración Pública de Lima Metropolitana (1982), se aprobaron las primera Normas Técnicas de Archivos (1984-1986) que rigen hasta hoy la organización de los archivos públicos y se instauraron las Reuniones Técnicas Archivísticas a nivel nacional. El avance del AGN fue reconocido internacionalmente por la OEA al elegir al Perú para ser sede para la capacitación de archiveros provenientes de Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Colombia.

Continuaron la obra iniciada por Durand Flórez, destacados intelectuales como Luis Enrique Tord, Guillermo Lohmann Villena y Jorge Puccinelli; y el archivero César Gutiérrez.

El AGN no fue ajeno a la crisis política, social y económica que vivió el país a fines de la década de 1980 e inicios del 90. Los principales funcionarios y empleados renunciaron acogiéndose a los incentivos aprobados por el gobierno de Fujimori, algunos ex dirigentes sindicales asumieron los cargos directivos, las reorganizaciones internas del personal se hicieron frecuentes, se fue reduciendo el presupuesto y con ello el desarrollo de nuevas actividades y, lentamente el primer repositorio documental del país ingreso a la sobrevivencia gris de la rutina y la burocratización.

Hubo intentos de algunos directivos por cambiar esta crítica situación con la colaboración de pocos empleados que continúan aún laborando con la mística de hace veinte años atrás. Durante el gobierno de Toledo se logró que el local del antiguo Correo Central sea remodelado y asignado al AGN y donde funciona parte del Archivo Histórico, perteneciente a la época colonial; la Escuela Nacional de Archiveros obtuvo un local en Pueblo Libre pero hoy languidece por la supresión de los exámenes de admisión desde hace dos años dispuesto por el Ministerio de Educación; se aprobó por el AGN el Reglamento de Sanciones para los infractores que atenten contra el Patrimonio Documental y Cultural del país, sin embargo carece de aplicación pues continúan las denuncias de robos de manuscritos históricos. Gracias al apoyo del Gobierno de España continúa aún desarrollándose el Censo-Guía Nacional de Archivos. Pero es notoria la falta de liderazgo, de visión y vocación entre sus principales funcionarios, y de apoyo de parte del Gobierno Central para superar esta grave crisis que abate al AGN.

Podría haberse pensado que ante esta penosa situación, el futuro del AGN sería la reorganización total o su adscripción a un posible Ministerio de Cultura (como funciona en España), pero es inexplicable la decisión del Gobierno al aprobar el DS N° 003-2010-ED de 16 de enero pasado por el que se dispone separar el emblemático Archivo Histórico del AGN e implantarlo en el INC con la justificación de alcanzar mayores “niveles de eficiencia en la calificación de la documentación archivística de carácter histórico”. Es un absurdo que por esta razón se mutile a un órgano ejecutor del AGN cuyas funciones son más amplias y especializadas (organización, descripción, conservación y servicios de la documentación histórica y otras actividades como ente coordinador y supervisor de archivos históricos a nivel nacional) y se le fusione con el INC con el nombre de Dirección Nacional de Patrimonio Histórico.

La ciencia y la práctica archivística mundial nos indica que un Sistema Nacional de Archivos integra a los archivos administrativos e históricos de manera indesligable, como dos caras de una misma moneda. Los principios y normas aprobados por el AGN que rigen hoy a los archivos administrativos, judiciales, notariales, eclesiásticos y otras instituciones responden a preservar los documentos que más tarde se convertirán en históricos. Es decir, la calificación de documentación archivística de carácter histórico está presente desde el momento del inicio de su ciclo de vida de un documento público. Así se ha trabajado desde el año 1972 con la promulgación del decreto ley 19414 de Protección del Patrimonio Documental de la Nación y que tiene como miembro de la Comisión Nacional de Archivos, órgano consultivo del AGN, a un representante de la Academia Nacional de la Historia en la toma de decisiones sobre la conservación y utilización de los documentos de carácter histórico. ¿Será más eficiente esta calificación del patrimonio documental separando al Archivo Histórico de su ente natural y especializado? Era más racional que la Comisión Nacional de Archivos se convirtiese en un comité dentro del Consejo Nacional de Cultura del INC y que éste tuviese un papel decisivo en la calificación del patrimonio documental. Y por último, si era preciso, declararse en reorganización el AGN para transformarlo dentro de la Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública, pero no simplemente mutilarlo.

Por otro lado la Dirección Nacional de Archivo Histórico tiene funciones que están muy relacionadas con su otra mitad que es la Dirección Nacional de Archivo Intermedio como son las coordinaciones en la elaboración de normas archivísticas y el acopio de documentos provenientes del sector público, que son tareas rutinarias y frecuentes, como se señala en el mismo Decreto Supremo N° 003-2010-ED. ¿Será más eficiente esta relación técnica y especializada entre dos entes separados administrativa y físicamente? ¿La flamante Dirección Nacional del Patrimonio Histórico del INC se sujetará a la normatividad del AGN como ente rector del Sistema Nacional de Archivos? En qué condición quedan los archivos históricos que están bajo la custodia de los Archivos Regionales, ¿pasarán a depender las filiales del INC? ¿Tiene sentido continuar llamando Archivo General de la Nación a un organismo sin archivo histórico?

La decisión política de la fusión del Archivo Histórico al INC está tomada, pero es un deber profesional manifestar nuestra total disconformidad por ser contraria a la razón y al sentido común.
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Más información: Archiveros del Perú

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