En las profundidades de los intereses burocráticos, la suerte de los archivos es la que menos ha interesado al stablishment político, solo manoteos ajenos a su conservación y custodia acechan a los documentos de gran relevancia para el país y que por ese hecho afloran los equivocados manejos en la administración pública gubernamental: ¿qué se logra?, un rompimiento en el esquema general de la planificación oficial si no hay un cuidadoso diseño.
Cuando uno contempla frente así el panorama archivístico en México, se desprenden muchas dudas del tejido perverso que protege a la clase política: la impunidad. Transparentar las funciones del quehacer público gubernamental en sus distintos niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) se ha dicho hasta el cansancio y no se ha cumplido del todo; vigilar la “actuación” de los funcionarios e instrumentar operaciones jurídico-administrativas señaladas -entre otras- en la ley de transparencia y acceso a la información pública, ayudará en buena medida a observar con lupa cada movimiento burocrático que se desprenda de la llamada Cédula de Identificación Ciudadana, por lo que, la organización y custodia de los archivos institucionales será la columna vertebral, el eje rector en ese delicado capitulo de los hábitos del poder con el manejo de los archivos y de la información en la historia de nuestro país y, ¿si a la vista de todos no se llevan a cabo los procesos debidos a la que tanto damos notoriedad?, ¿cuál es su verdadero propósito: un Estado vigilante, mirando a escondidas?, las preguntas sobran y las respuestas deshilachadas nos esperan en los próximos días.
Comentarios