El robo de los documentos no es nada nuevo. El día de ayer 20 de marzo se insertó una nota periodística en el diario Reforma firmado por Carole Simonnet y Claudia Guerrero, en donde se informa que se “alista un dictamen para expedir la Ley Federal de Archivos, que contempla frenar el ultraje de documentos de la Presidencia de la República y de otras dependencias”.
Según la nota informativa en el artículo 7 del proyecto de ley señala que “Bajo ninguna excepción los servidores públicos podrán sustraer documentos de archivo al concluir su empleo, cargo o comisión”, pero como bien sabemos, es solo el resultado de una falta de “Ley Federal de Archivos”, y en donde cualquier funcionario se vale de su cargo para manipular cualquier expediente o documento a su alcance. El funcionario que requiera un expediente o parte de los documentos de uno o varios expedientes debe dejarlo asentado por escrito mediante un vale de préstamo y de un vigilado control electrónico, entonces se sabrá institucionalmente el paradero de los documentos y de los expedientes para solicitarlos en cuanto éstos sean requeridos, según el plazo especificado; si no es así, se procederá a fincar responsabilidades.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por ejemplo, ha conformado su “archivo histórico” con copias fotostáticas ¿en dónde se encuentran los documentos originales?. En algunas dependencias de gobierno ni siquiera cuentan con un cuadro de clasificación y mucho menos tienen la remota idea de los grandes beneficios que aportarían las actividades archivísticas a las tareas gubernamentales. Tapar estas deficiencias ha sido un terreno agotado, no mirar la búsqueda de soluciones integrales dentro y fuera de los archivos es un gravísimo error que los legisladores han postergado una y otra vez.
Ahora, después de un largo camino azaroso y bien sabido por los senadores, advierten que “la falta de una disposición que prohíba la sustracción de documentos ha tenido como consecuencia serios abusos por parte de servidores públicos”, como si ellos mismos no fueran beneficiarios directos de este boquete de corrupción y abusos. Además reconocen, se dice que para operar en la política hay que ser cínico, casos “en los que servidores públicos del más alto nivel jerárquico han sustraído documentos al final de su administración” y lo más grave, “sin la menor justificación, ni observancia de los dispuesto por la Ley Federal de Transparencia”, pero ¿acaso no será una cortina de humo para soltar su dardo sexenal al ex presidente Fox cuando se sabe que su Centro de Estudios, Biblioteca y Museo ha sido construido con hurto de “documentos oficiales, fotos, video, discursos y obsequios, sin dejar registro oficial alguno"?.
Comentarios
No basta con nombrar responsables a cargo de los archivos federales con “Conocimientos y Experiencia En Archivística” esta responsabilidad debe asignarse aun profesionista, ojala por el bien de los ciudadanos “literalmente” que se contemple expresamente este perfil en el reglamento de ley, por supuesto en las coordinaciones de archivos y que además sea fijado en el tabulador de sueldos con un plan de aumento constante de salario.
“Nada y una Ley de Archivos es lo mismo, si no consideran el vínculo entre los usuarios y la información, que no es otra cosa que el experto, un archivónomo.”
JOSÉ MEZA
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